Caso Cecilia: la querella denuncia irregularidades, apunta a un tercer implicado y pide recusar al fiscal

A casi dos meses del homicidio de Cecilia Lazcano, ocurrido el 16 de julio en Alvear, la investigación atraviesa un momento de tensión entre la querella y la Fiscalía de Santo Tomé. El abogado querellante Juan Saucedo cuestionó el avance de la causa, denunció presuntas irregularidades y sostuvo que existen líneas de investigación que aún no fueron profundizadas.

Entre los principales planteos, la querella apunta a la posible participación de una tercera persona, mencionada en intercambios de mensajes entre los dos menores imputados. Según Saucedo, esa persona sería identificada con el nombre de "Max" y tendría un vínculo familiar con la madre de la menor imputada.

El abogado cuestionó que el fiscal Facundo Cabral haya descartado esa hipótesis al considerar que surgía del "imaginario de dos menores". Para la querella, no se realizaron análisis suficientes para determinar si esa línea podía ser descartada.

Saucedo también señaló que en los chats existirían cambios de vocabulario y expresiones que, según su interpretación, podrían indicar la intervención de personas adultas. En ese sentido, sostuvo que existe una sospecha fundada de que terceros podrían haber participado en esas comunicaciones.

Cuestionamientos por las medidas sobre la menor imputada

La querella también cuestionó las decisiones adoptadas respecto de la menor de 17 años imputada como coautora e instigadora.

La resolución del 28 de agosto, dictada por la jueza de Garantías subrogante Claudia Luco Montero, había autorizado que la adolescente permaneciera en Santo Tomé con libertad de movimientos, bajo las condiciones de continuar con su escolarización y realizar tratamiento psicológico.

La querella apeló la medida y el Tribunal de Revisión posteriormente declaró su nulidad de oficio al considerar que existían irregularidades.

Sin embargo, el 3 de septiembre se dictó una nueva resolución que dispuso la prisión domiciliaria de la menor en Santo Tomé. Esa decisión también fue apelada por la querella.

Saucedo cuestionó que no existan, según su planteo, garantías suficientes para evitar un eventual contacto de la joven con posibles testigos. La adolescente permanece bajo el cuidado de sus padres y tiene como restricción no ingresar a Alvear.

La audiencia de impugnación para definir la situación procesal de la menor está prevista para este viernes 11 de septiembre. Allí se analizará el pedido de la querella para que se disponga la prisión preventiva en un instituto de menores.

La extracción de los celulares, otro punto de conflicto

Otro de los cuestionamientos está relacionado con el análisis de los teléfonos celulares secuestrados durante la investigación.

Si bien la Dirección de Delitos Complejos realizó una primera extracción de información, la querella sostiene que todavía resta completar el entrecruzamiento integral de los datos, una medida que considera fundamental para determinar posibles responsabilidades y reconstruir lo ocurrido.

Saucedo también cuestionó que todavía no hayan tenido respuesta algunos pedidos realizados por la querella, entre ellos una solicitud de recompensa al Ministerio de Seguridad de la Nación para personas que puedan aportar información bajo reserva de identidad.

Además, reclamó el secuestro de los teléfonos celulares de los padres de la menor imputada. Según sostuvo, el hecho de que se les haya solicitado telefónicamente la entrega de los equipos podría representar un riesgo para la preservación de información relevante.

La querella apunta contra el fiscal

En declaraciones a un medio chaqueño, Saucedo sostuvo que la investigación tuvo demoras y que varias de las medidas adoptadas se concretaron a partir de la insistencia de la familia de Cecilia y de la querella.

El abogado también cuestionó que inicialmente se haya considerado la hipótesis de un suicidio y sostuvo que la investigación debería haber avanzado con mayor celeridad desde el comienzo.

Ante estos cuestionamientos, confirmó que presentará una recusación contra el fiscal Facundo Cabral ante el Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio Público Fiscal de Corrientes.

La querella considera que existen medidas pendientes y líneas de investigación que todavía deben ser profundizadas antes de dar por concluida la investigación.